Hay dolor y furia en La Cocha y se derraman al resto de la sociedad. La Cocha debate y busca responsables por el asesinato de la estudiante Cecilia Britos; la Policía trata de dar respuestas rápidas y ya hay tres sospechosos. Pero no basta, porque no hay respuestas suficientes para entender lo que ha ocurrido; porque, igual que hace cinco años con el crimen de Paulina Lebbos, la nocturnidad con sus peligros vuelve a estar en dramática escena.

Desde hace cinco años las autoridades luchan contra la nocturnidad. Se implantó la ley de las 4 de la mañana; se dijo que los policías iban a ocuparse de que los jóvenes vuelvan a casa al cierre de los boliches y se lanzó a las brigadas del IPLA a clausurar a los que no cumplen con el cierre.

Pasaron cinco años. La inseguridad -motivo central de la ley de las 4 am- cedió lugar al debate por la persecución que hace el IPLA de fiestas clandestinas (after), que crecieron por todas partes. Los funcionarios reciben 25 denuncias y clausuran cinco afters cada fin de semana. La Policía dice que desde poco antes de las 4 comienza operativos en las zonas de boliches pero reconoce -como sucedió en La Cocha- que no le alcanza para contener los desbordes. Es que cada fin de semana 140.000 adolescentes y jóvenes salen en busca de diversión. Les molesta que les cierren los boliches y se quejan de que la norma y los funcionarios han fomentado los after y la inseguridad.

En La Cocha hay descontrol absoluto, según las denuncias de los vecinos y según el reconocimiento policial: dicen que hay gritos, picadas y hasta tiros a las salidas de las fiestas. Hay lugares que ya están señalados, como la misma cancha oscura de la tragedia en el barrio Argentino, donde una vecina impidió un ataque a una jovencita hace dos semanas.

Los funcionarios creen que ellos están actuando bien: "el acatamiento (de los bolicheros) es altísimo", dicen. Y reclaman a los padres "que hablen con sus hijos, que los aconsejen para que no corran peligro, que sepan a dónde van" (palabras de Clara Ester Tapia, interventora del IPLA). Para el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, "la noche ganó en seguridad porque hay menos violencia"(lo dijo hace un mes).

Lo ocurrido en La Cocha contradice la visión de los funcionarios. También la contradicen los médicos de las guardias hospitalarias, que dicen que cada vez hay más atención de heridos por accidentes, y que casi todos los accidentados han consumido alcohol. Los funcionarios no se preguntan qué pasa. No se preguntan si la nocturnidad es buena o mala. Sólo creen que es mala. Tampoco notan que los problemas vinculados a la nocturnidad, se repiten: a cinco años de la ley, no han bajado los accidentes, no ha disminuido el nivel de alcohol y no descendió el movimiento nocturno.

Además está el nivel de violencia. El mismo que mostró el crimen de Paulina, hoy transformado en un cold case, porque no está siendo investigado. No hay registros del nivel de violencia, sólo percepciones. Tucumán tiene desde hace años un promedio de 50 homicidios anuales -se diría uno por semana- y una percepción de fuerte inseguridad como si este fuera un país de alta violencia, tipo México, y no lo es.

El gobierno podría echarle la culpa a la prensa, que "difunde noticias negativas"; la prensa podría responder que hay una baja calidad del servicio del Estado, que reacciona frente a los hechos -por eso tenemos una sociedad más enrejada, más llena de armas, de perros, de guardias de seguridad- y no ha logrado bajar los riesgos. Pero eso forma parte del debate que tiene que surgir mañana, o la otra semana. Hoy La Cocha y toda la sociedad están de luto.